Como ya es costumbre, por desgracia, de nueva cuenta se realizó una subasta con piezas arqueológicas procedentes de México, aparentemente originales. La casa francesa Christie´s realizó, el pasado martes 9 de febrero, la subasta “Quetzalcoatl: serpent à plumes” con 40 lotes, entre los cuales 33 objetos eran de origen mesoamericano. Sin embargo, a través de un dictamen elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al menos tres de la treintena de piezas prehispánicas procedentes del actual territorio mexicano ofrecían elementos para sospechar que su manufactura era reciente.
La subasta había pasado desapercibida por las autoridades mexicanas, al menos hasta el 30 de enero, fecha en que el arqueólogo Daniel Salinas Córdova denunció, a través de las redes sociales, el evento organizado por la casa Christie´s. Una vez que la noticia se hizo pública, el INAH presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), aduciendo que subastar o poner en venta bienes arqueológicos es un delito según la legislación mexicana actual.
No obstante (insisto, de nueva cuenta), la subasta se realizó pese a la exigencia del gobierno mexicano de cancelarla. Christie´s enfatizó que todos sus lotes gozaban de autenticidad y que la subasta se llevó a cabo con los debidos permisos, lo que la volvía legal en territorio francés. El robo y comercialización de bienes arqueológicos o históricos no es una novedad, por lo que varias de estas piezas subastadas salieron de México en fechas no recientes.
Al menos dos advertencias dejan este episodio, a pesar de que en otro momento he dedicado líneas para reflexionar acerca de tan constantes subastas. En primer lugar, que no es raro que una cantidad aún desconocida de bienes subastados no sea original. Para quien decida destinar millones de euros, pesos o dólares en ganar uno de los lotes constituye un riesgo por la eventual pérdida de una parte de sus fortunas.
Una segunda reflexión es que, por lo que se puede advertir, el gobierno mexicano carece de un sistema efectivo de vigilancia de la comercialización de bienes arqueológicos dentro y fuera del país. Esta no es la primera ocasión en que la noticia de una subasta se hace pública por una denuncia externa a las instituciones del Estado. Lo mismo ha sucedido, inclusive, con el patrimonio documental que recientemente se puso también a subasta.
Hay una legislación al respecto que requiere actualizarse, uniformarse y volverse efectiva para crear mecanismos de protección a los bienes arqueológicos e históricos que ingresan al mercado negro. Al parecer, hasta ahora, aquella no está funcionando.
