Las conmemoraciones por los cinco siglos de la conquista española continúan dando tema de conversación. Esta semana, por ejemplo, salieron a la luz los comentarios de Marcelo Gullo, un académico con formación en relaciones internacionales, analista y consultor político, quien ha escrito algunas publicaciones de divulgación histórica. La polémica comenzó luego de las referencias que dio el presidente de México en su conferencia matutina, acerca de sus diferencias con Gullo sobre sus aseveraciones al momento de “desmontar” la leyenda negra construida en torno a la conquista hispana.
La respuesta de Gullo vino a confirmar su increíble sesgo al explicar un proceso histórico, cargado de juicios de valor, a través de interpretaciones realizadas desde la visión contemporánea de un suceso acontecido hace 500 años. Por ejemplo, Gullo afirmó que los “mal llamados” aztecas habían construido un imperialismo antropofágico y llegó a comparar los sacrificios celebrados en la ciudad de Tenochtitlan con el holocausto judío, siendo que ambos procesos ocurrieron con una diferencia de más de cuatro siglos. A esto siguió una serie más de afirmaciones hechas por el académico que historiadores serios han desmontado hace ya varios años, inclusive décadas.
En efecto, esto demuestra que esos tópicos tan ampliamente discutidos continúan ofreciendo nuevas visiones. Pero a propósito de las muy diversas voces que se alzan al hablar de estos y otros tantos temas relativos al pasado, hoy quiero plantear una cuestión distinta: ¿quiénes están posibilitados a contar la historia? ¿hay quien posee mayor derecho? La realidad es que no existe un criterio, código o norma que identifique que los historiadores de formación sean los únicos posibilitados a hablar del pasado; de hecho, un gran número de divulgadores de la historia adquirieron su formación en otras ramas del conocimiento, pero han dedicado parte de su vida y su tiempo a la divulgación del pasado.