En semanas recientes la discusión sobre un “necesario” y “urgente” retorno a las clases presenciales ha ocupado la atención en el espacio público. Lo anterior luego de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) urgiera, indirectamente, la apertura de escuelas para más de 100 millones de jóvenes que en América Latina se encuentran con más de 150 días sin asistencia física a un salón escolar.
Al tiempo que la UNICEF emitió esas declaraciones, en México se han cuestionado las acciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para facilitar un retorno a las clases presenciales con una pandemia aún presente. Asimismo, hace apenas unas semanas, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares informó que a partir del 1 de marzo retornarían a las actividades presenciales, lo que recibió el rechazo y la desaprobación de la SEP y de diversos sectores de la sociedad civil que han privilegiado la salud por encima de la educación presencial.
Evidentemente, el retorno a las clases presenciales es un problema urgente no solo en México; sin embargo, las condiciones para que eso suceda, al menos en el corto plazo, parece que están todavía lejos de ser las óptimas. Dos acciones deben ocurrir para poder abrir las escuelas: vacunar a todos los docentes o esperar a que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde en cada entidad federativa. Ambas alternativas están vinculadas entre sí, pues una mayor vacunación general es la causante de que el número de casos que requieran hospitalización o sean víctimas mortales disminuya. Esto, a su vez, decantaría en un avance hacia la antigua normalidad y la apertura de las escuelas.
Pero exigir desde ahora el regreso a las clases presenciales, sin atender las condiciones que los edificios escolares padecen, es tener poca sensibilidad con la salud de los alumnos, pues a pesar de los inconvenientes que traen consigo las clases virtuales, no todas las instituciones educativas se encuentran en posibilidades de retornar al trabajo presencial. Por más que organismos internacionales soliciten, al unísono, el regreso a las actividades académicas, este deberá hacerse si y solo si existen las posibilidades de hacerlo sin poner en riesgo la salud de los alumnos.
Hay instituciones escolares, pues, cuyo acceso al agua potable es una problemática de antaño. No todas las escuelas cuentan con el privilegio de tener aulas suficientes para que los alumnos guarden la sana distancia dentro de estas. Así que, pretender una política nacional en favor de las clases presenciales sin tomar en cuenta la situación que atraviesa un sinnúmero de escuelas, sería, al menos por ahora, contraproducente para la disminución de la pandemia.
