Desde el año 2007, la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos —con sede en París, Francia— oficializó el 9 de junio como el Día Internacional de los Archivos, con el propósito de promover y salvaguardar la existencia de los acervos documentales, a fin de conservar la memoria histórica colectiva de las sociedades alrededor del mundo.
A raíz de la pandemia de Covid-19, la realización de eventos académicos en torno a esta conmemoración quedó suspendida; sin embargo, la fecha no fue ignorada pues varias instituciones académicas, así como el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizaron mesas de trabajo virtual con el propósito de discutir el panorama actual de los archivos en el país.
Antes de continuar, me gustaría advertir que al hablar de archivos debemos tener en claro la existencia de tres tipos: los de trámite, que responden a la producción documental del conjunto de actividades burocráticas que realizan las instituciones día con día; los de concentración, cuya antigüedad permite resguardarlos en un espacio distinto bajo la advertencia de un eventual requerimiento futuro; y los históricos (mal llamados archivos muertos), que constituyen la última fase del “ciclo de vida de los documentos” y conforman una de las fuentes primarias para los investigadores sociales: historiadores, antropólogos, politólogos, abogados, periodistas, entre otros.
Según la Ley General de Archivos, es obligación de todas las dependencias de gobierno contar con un espacio físico, dispuesto para los diferentes archivos, así como personal calificado para el tratamiento adecuado de la documentación; sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos que han llevado a cabo tanto el AGN como el INAI, existen serios problemas derivados de la ignorancia del valor histórico de los acervos, pues pese a existir un fundamento legal, los niveles más pequeños de la administración pública (ayuntamientos) carecen de archivos históricos y profesionales de la archivística que puedan ejercer plenamente su profesión allí.
Existe, pues, la noción de que el archivo histórico consta de documentos “antiguos” cuyos marcos temporales de esa antigüedad son desconocidos, y se ignora que todo documento producido por dependencias de gobierno tiene un ciclo vital que por ley debe finalizar en el archivo histórico. Dicho de otro modo, impera una idea equivocada de que los archivos históricos son inmutables cuando es todo lo contrario: toda documentación, en algún momento de su vida, culminará en un archivo histórico.
De esta manera, conforme pasan los años y los documentos generados aumentan su antigüedad, éstos se convierten en evidencia, no sólo de la institución que los produjo, sino de una realidad social pasada que debe ser preservada bajo las condiciones adecuadas. Al mismo tiempo, los documentos pasan a ser una de las principales fuentes de investigación para todo aquel que se sumerge en el estudio del pasado.
Pero también los archivos —en tanto documentos— pasan a ser patrimonio del municipio, del estado y del país por la información que resguardan, pues tienden a ser elementos que otorgan identidad a un colectivo. Puede apreciarse que las funciones del archivo van más allá de la vulgar noción de “guardar papeles viejos” sin aparente sustento; más todavía, que sólo sea un material de interés para un selecto grupo de investigadores.
Nada más alejado de la realidad. Los esfuerzos son reconocidos, pero siempre será mayor reconocer que las carencias siguen presentes. Mientras no sea la propia sociedad quien dimensione la importancia de sus archivos, poco sentido tendrá que existan fundamentos legales y profesionales de la archivística dispuestos a trabajarlos. Esa, creo yo, es una de las labores más urgentes que debe ser atendida de manera simultánea por las instituciones directrices federales y estatales.
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