Desde el asesinato lamentable del exmagistrado y notario mexiquense Luis Miranda Cardoso las cosas se tornaron turbias. La Fiscalía de Justicia en su primera nota informativa dio cuenta de un posible robo a casa habitación sin saberse aún qué le robaron. Y mucha gente no se explica cómo es que ocurrió ahí, contra el padre de uno de los políticos de la primera plana del priismo mexiquense, que se supone tendría seguridad.
Lo ocurrido el pasado 11 de agosto en la colonia sector popular despejó algunas sospechas, no obstante, las autoridades buscaron de inmediato pistas para dar con los responsables. Y sí, cinco días después de la tragedia hubo un detenido, un extrabajador de Miranda Cardoso, al parecer quien era su chofer, eso no ha sido confirmado.
Todo iba bien hasta ahí, solo que ocurrió un pequeño gran detalle que tiene contra las cuerdas a la secretaria de seguridad estatal, Maribel Cervantes, pues la versión del supuesto suicidio en la celda del único detenido comenzó a ser tambaleada por la oposición.
Fue el legislador Gerardo Ulloa Pérez quien, a nombre de la Diputación Permanente, cuestionó la versión de la Fiscalía dada a conocer el 18 de agosto. Argumenta el legislador que Arturo “N” no era un detenido común y, efectivamente, los que saben de esto al interior narran que debió llegar a la sección de indiciados a esperar el auto de vinculación y en esa zona lo que sobran son custodios.
A raíz de la petición de los diputados para separar del cargo a la actual secretaria de seguridad, tuvo que salir la Fiscalía de Justicia con una nueva versión y admitir que, efectivamente, el suicidio no había sido la causa de su muerte, sino un traumatismo craneoencefálico severo, es decir, que alguien le pegó y lo colgaron. ¿Cómo, entre tanta vigilancia?
Este lamentable hecho viene a fortalecer la necesidad de una nueva limpieza en los penales mexiquenses, recordemos que, en el penal de Santiaguito, que es donde ocurrieron estos hechos, fue separada del cargo hace un mes la directora Olga Viveros Bravo, tras desatarse una riña en el área femenil.
Estas violaciones, agresiones físicas y uso desmedido de la fuerza pública, fue constatada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CODHEM), lo que ameritó la emisión de una recomendación a las autoridades. Por cierto, que hasta ahora la CODHEM no se ha pronunciado sobre la muerte del presunto homicida, quien de alguna manera sería víctima.
La única realidad hasta ahora es que el caso Mirada Cardoso vino a acentuar los delicados problemas de corrupción y violencia este y las 22 cárceles, en los que prevalece el hacinamiento con más de 31 mil internos.
