Circuló la semana pasada que el Fondo de Cultura Económica (FCE) editará una colección de 21 libros titulada “21 para el 21” con dos propósitos, el primero, el fomento de la lectura y, el segundo, las conmemoraciones que este año se llevan a cabo en virtud de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, los 200 años de la consumación de la independencia y los cuestionables 700 años de la fundación de la ciudad de México-Tenochtitlan. Independientemente de la polémica, considero que la intención es bastante buena.
La inversión de este proyecto será de 45 millones de pesos y entre las obras a editarse se encuentran títulos clásicos de Luis Villoro, Octavio Paz, Manuel Payno, Rosario Castellanos, Guillermo Prieto, Elena Poniatowska y Elena Garro, solo por mencionar algunos. Y según lo indicado por Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, los libros serán distribuidos de manera gratuita entre profesores jubilados, becarios, bibliotecas de escuelas normales, “librobuses”, universitarios rurales e, inclusive, al ejército mexicano.
La noticia no pasó desapercibida para algunos quienes cuestionaron la eficacia de un proyecto de esa naturaleza. Otros más aseguraron que se trataba de una competencia desleal hacia las casas editoriales, buscando semejanzas con el proyecto del “Gas Bienestar”, del que también se afirmó que era un atentado contra los gaseros de la capital mexicana. Y, finalmente, hubo quienes cuestionaron el tipo de lecturas que se iban a promover, pues temían que el gobierno federal implementara un proceso de adoctrinamiento de la población con libros de temática “comunista”.
Todas estas afirmaciones disfrazadas de dudas genuinas tienen por trasfondo un pensamiento clasista que afirma que el acceso a la lectura está reservado para ciertos grupos de la sociedad que, no solo pueden, sino que merecen ser premiados con el acceso a los libros. Se preguntaba, por ejemplo, Sergio Sarmiento, si acaso estos libros serían leídos o si no representaban un gasto innecesario por ser poco provechoso para los futuros destinatarios. Como si el hecho de tener acceso a los libros, indistintamente del sector al que se pertenezca, asegurara su lectura.
Desconozco si se diseñaron parámetros al respecto para evaluar el alcance y el impacto de esta política de lectura, pero por principio de cuentas el propósito es bueno. Quizás convendría que, más allá de las conmemoraciones, el gobierno tuviera mayor constancia en este tipo de políticas benéficas porque, en muchos casos, el acceso al conocimiento no depende del gusto por aprender, sino de las posibilidades de la gente por adquirir estos materiales. Y, también, darle paso a otro grupo de escritores mexicanos que, aparte de los clásicos, en las décadas recientes han sabido ganarse un lugar en las letras nacionales.
