La noche del viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desplegó un fuerte operativo de seguridad con el fin de localizar al presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez.
Fueron tres cateos, lo buscaron en el fraccionamiento donde tiene su domicilio particular, luego en su oficina de palacio municipal, otro inmueble en Metepec, en el Centro de Comando y Control (C2), pero no lo encontraron, tampoco a sesis implicados más.
Al alcalde le avisaron que esto pasaría desde antes del mediodía, cuando ya no llegó a la toma de protesta de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), donde estaría el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Dicho evento se realizó, se anunció como toma de protesta pero no hubo tal, ante la sorpresa de los asistentes quienes no daban crédito a lo que pasaba.
Por la tarde del día siguiente, la FGJEM dio a conocer que obtuvo de un Juez de Control Especializado en Línea, una orden de aprehensión en contra del edil, por su posible intervención en el delito de secuestro exprés, hechos registrados el 12 de abril pasado en agravio de su exsuegro, quien se desempeñaba como servidor público del Ayuntamiento de Toluca.
Según las investigaciones, el pasado 12 de abril, por instrucciones de Raymundo “N”, policías municipales del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares de O.E.R.C. y lo habrían privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio. Ante tal hecho presumiblemente constitutivo de delito, este fue denunciado ante el Agente del Ministerio Público por la hija de la víctima, Viridiana Rodríguez.
Según la FGJEM, los hechos referidos constituyen en grado de probabilidad el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya penalidad es de 40 a 80 años de prisión, la cual puede aumentar 10 años al agravarse por haber allanado el inmueble para privar de la libertad a la víctima quien tenía parentesco con Raymundo “N”.
“Tras ejecutarse dichos cateos y no ubicar en estos lugares al investigado, desde ese momento se le considera a Raymundo “N” sustraído de la acción de la justicia con fundamento en lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, refiere el Comunicado de la FGJEM.
La Fiscalía mexiquense también solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, la emisión y publicación de la “Ficha Roja” correspondiente, así como al Instituto Nacional de Migración la expedición de una Alerta Migratoria, lo anterior en caso de que el investigado intente salir del país.
